Las  10 recetas  para ahorrar  en el gasto  de la sanidad pública

1.-Aumento  del presupuesto  en  personal y  medios  técnicos de un 15%

2.- Aumento de camas hospitalarias  en un 20%  más de las existentes

3.- Eliminación de  los conciertos con clínicas y hospitales privados

4.- Aumento de las prestaciones  entre otras la salud bucodental

5.-Aumento de salario por rendimiento a los médicos

6.- Control de las visitas de representantes de laboratorios a los centros de salud y/o hospitales.La compra centralizada de los medicamentos más prescritos y su distribución directa en los centros sanitarios supondría un importante ahorro.

(a) Control exhaustivo de la derivación de pacientes desde los hospitales privados o mutuas  con un gasto  para la sanidad pública, por ejemplo  accidentes laborales o malas praxis derivadas a hospitales públicos.

7.- Disminución de cargos y servicios burocráticos, en los centros, hospitales y comunidades

8.- Centros exhaustivos de las agendas de listas de espera (sobre todo las metidas en un cajón) o el cierre   de estas.

(a) Control de la infecciones hospitalarias España tiene el dudoso honor  de ser uno de los paiases con mas enfermedades nocosomiales.

9.- Implantar   con seriedad la dedicación exclusiva  en la sanidad  pública, eliminando   el pluriempleo  de los médicos, es decir tener la bata en varios sitios a la vez, incumpliendo el horario.

10.- Eliminación  del sistema público de la gestión privada.

Razonamientos:

Cumpliendo estos 10 puntos,  se ahorraría el gran coste que esta suponiendo los conciertos con la sanidad privada. Este ahorro revertiría en mas medios, mas personal y con ello una atención más rápida y eficaz, disminuyendo las listas de espera, con un diagnostico rápido y eficaz, disminuyendo gasto farmacéutico: a menos tiempo de espera. menor ingesta de fármacos, menor visitas al médico o a urgencias, menor números de bajas, menor coste en incapacidades, etc. etc. Crear más numero de prestaciones, como por ejemplo la salud bucodental ahorraría  en multitud de patologías asociadas a  la enfermedades bucodentales  que se producen fundamentalmente en pacientes sin medios para costearse un dentista. La eliminación de conciertos privados posibilitaría un ahorro ya que se está “llenando los bolsillos privados” a empresarios  con dinero público cuando este debería revertir en la sanidad pública en su totalidad.

Los recortes solo generan más gasto y sobre todo un agravamiento de los pacientes.

Con estas y otras medidas el ahorro seria espectacular.

Esto Lo que nos están preparando:  COPAGO

Políticos y empresarios están preparando el terreno para llevar a cabo una nueva agresión contra los usuarios: la introducción del copago por la utilización de servicios sanitarios públicos, financiados hasta ahora exclusivamente a través de impuestos. Al no atreverse ninguna fuerza política en solitario a proponer esta medida, es más que probable que, como en el caso de las pensiones de jubilación –Pacto de Toledo-, los partidos mayoritarios lleguen a un “Acuerdo de Estado” que les permita aplicarla “repartiéndose el desgaste” político.

El copago consiste en volver a pagar por algo que ya hemos pagado, pretende justificarse a través de un bombardeo de falsos mensajes que nos dicen que “el sistema es insostenible” debido al incremento del gasto y a una supuesta sobreutilización de los servicios, ocultando que España dedica mucho menos dinero que la media de la Unión Europea para la Sanidad Pública.

No debemos  olvidar que ya existe un importante copago: la aportación en farmacia del 40 % para las personas activas3 y del 10 % para los pacientes con enfermedades crónicas.

 Dicen que el único objetivo del copago es concienciar a la población ¡mentira! para que al tener que pagar una parte del coste de la asistencia haga un mejor uso del sistema. ¿Concienciar a la población?: salvo atención primaria y los servicios de urgencia de los hospitales, todo uso de los recursos sanitarios requiere inexcusablemente de la indicación del médico. El verdadero objetivo que se persigue es que parte de la atención sanitaria sea pagada en el momento del uso (además de con impuestos), medida de escasa repercusión para las rentas altas, pero catastrófica para los ciudadanos con escasos ingresos o enfermedades crónicas, ancianos, parados, familias numerosas etc.

La disculpa de una crisis que no han creado los ciudadanos, se plantea que sean los sectores menos favorecidos los que asuman el gasto. A pesar de que los estudios ya realizados demuestran los efectos perversos del copago (no ha contenido el gasto y ha disminuido la equidad, afectando básicamente a las personas con menos recursos, ancianos y enfermos crónicos), distintos países de la UE vienen aplicando medidas “disuasorias” para la utilización de la sanidad. Dichas medidas van desde el cobro de un ticket moderador cada vez que se acude a un centro de salud, o por cada visita a un especialista; cobro de una tasa por ser atendido de urgencia; pago por cada día de ingreso hospitalario, por determinadas pruebas diagnósticas durante el mismo, o por la comida; establecimiento de pólizas privadas complementarias; pago de farmacia por parte de los pensionistas según su nivel de renta; …

En España, por lo que se viene publicando últimamente y, en función de lo que ocurre en otros países, las intenciones podrían ir por:

1.- Introducción de un ticket moderador – 2 o 3 euros- para ser atendido por el médico de cabecera o pediatra.

2.-Cobro de una tasa en urgencias, si el médico que presta asistencia considera que el motivo “no es urgente”.

3.-Cobro de un porcentaje mínimo en farmacia a los pensionistas –se habla de un 10 %, como los pacientes crónicos- o en base a una escala, según el nivel de renta.

4.-No cubrir ciertas prestaciones sanitarias (eficaces, pero de alto coste). Para recibirlas se debería pagar aparte, o suscribir una póliza de seguro con una empresa privada (como actualmente la salud bucodental, la podología, ..). ¡¡sinverguenzas ellos evidentemente ellos estarían exentos

Porque no existe la gratuidad de los servicios públicos son pagadas con impuestos, pero si  es el resultado de muchos años de lucha de los ciudadanos para conseguir acceder a prestaciones sociales que los ricos podían obtener pagando por ellas pero a las que los trabajadores tenían difícil acceso por carecer de medios económico suficientes.

 Porque se incrementará la desigualdad. Los servicios públicos gratuitos suponen un factor redistributivo de rentas de los ricos a los pobres si se financian a través de los impuestos (siempre y cuando, éstos sean siquiera mínimamente progresivos, como es el caso del IRPF) pues el acceso es universal -para ricos y pobres- pero si los ricos pagan más en forma de impuestos, está teniendo lugar una redistribución a favor de los trabajadores.

 Con el copago se reduciría la  acción redistributiva y se acentuaria  mas aun la desigualdad, que en España es ya de por sí muy elevada: el 20% más rico de la población se llevó en 2008 5,4 veces más renta que el 20% más pobre.

Porque incrementa las diferencias sociales, no es equitativo y perjudica a las personas con menores niveles de renta y estudios.

 Porque la finalidad que realmente se persigue con esta medida es la mercantilización aún mayor- de la Sanidad Pública, conseguir que mediante el pago de cantidades pretendidamente simbólicas, paulatinamente interioricemos que hay que pagar por la obtención de prestaciones sanitarias. Quieren que aceptemos lo que es nuestra salud para quienes proponen estas medidas,nos ven  como si de una mercancia se tratara.

 Porque en el caso de que este llamado “copago” prospere, clasificarán y discriminarán a la población según su nivel económico. Es un primer paso para convertir la Sanidad Pública en una “beneficencia” asistencial para personas “con mínimos recursos económicos”.

Porque si se introduce el copago en Atención Primaria (por ejemplo 1 € por consulta) se corre el peligro de que la demanda se desvíe hacia urgencias, sobrecargándolas y provocando un gasto mayor de lo que se pretendía ahorrar.

 Porque si además se introduce para el uso de urgencias, se puede impedir el acceso a quien realmente lo necesita.

 Porque en cualquier caso, la implantación de un sistema de copagos

exigiría el desarrollo de una estructura de gestión y control muy compleja que generaría un importante coste económico que podría ser mayor que los ingresos esperados.

 Porque si, por ejemplo, se dejara exentas de pago a las personas con renta inferior al salario mínimo interprofesional -633 €/mes- aún sería enorme el número de ciudadanos que tendrían serios problemas para poder acceder al sistema sanitario: no se puede obviar que un 63% de los trabajadores son mileuristas.

 Porque si se traspasa al personal sanitario la decisión de si la consulta era o no urgente  por tanto si se debe de pagar o no), se estará convirtiendo al profesional en un juez más que en un clínico, poniendo en riesgo la necesaria relación de confianza y atentando contra la ética.

Porque el “supuesto abuso del paciente” es mínimo en los sistemas públicos de salud (algunos autores lo cuantifican como mucho entre el 1% y el 2% del gasto sanitario total). El paciente sólo puede acceder directamente a la atención primaria y a las urgencias hospitalarias, cuando la mayor parte del gasto sanitario se produce en los hospitales (a los que el paciente sólo puede acceder por indicación clínica).

 Porque la introducción de copagos farmacéuticos puede incrementar los efectos adversos (aumento de la utilización de las urgencias y de las hospitalizaciones, incremento de la mortalidad), debido a la reducción forzada del consumo.

 Porque, en definitiva, los estudios realizados en otros países que han instaurado el copago o ampliado el que ya tenían, evidencian que con esta medida no se ha conseguido contener el gasto aunque sí que ha ocasionado una reducción de la equidad y de los derechos sociales por ser un sistema de financiación insolidario que sólo consigue disuadir a las personas con menos recursos económicos, grava a los ancianos y a los enfermos crónicos que son los que necesitan una mayor atención y olvidan la prevención, eje fundamental de una sanidad de calidad.

Dicen que no hay dinero para la Sanidad Pública y, sin embargo, las empresas privadas están cada vez más interesadas en desembarcar en el sector, donde tienen asegurados, por mucho tiempo y sin el menor riesgo, altos beneficiosUE NO HAYA SUFICIENTE DINERO PARA MANTENER

La rebaja y/o eliminación a partir del 2010 del impuesto de sucesiones y donaciones en cada comunidad autónoma, ha supuesto  una importante pérdida de ingresos. De acuerdo con las series estadísticas sobre la recaudación tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda15, solamente en 2007 el Estado y las Comunidades Autónomas ingresaron por este impuesto casi 3.000 millones de euros. Con ese dinero se podría financiar el sistema sanitario de Canarias durante un año.

 Otra vía para conseguir dinero para la sanidad pública pasaría por la reducción y el control de los escandalosos sueldos y gastos de los 80.000 cargos políticos.

Es posible reducir algunas partidas del gasto sanitario y dedicar ese ahorro a las actividades más necesarias y de mayor impacto sobre la morbi-mortalidad, pacientes crónicos, camas de media y larga estancia, salud buco-dental, salud mental, ...

Algunas serían:

 La compra centralizada de los medicamentos más prescritos y su distribución directa en los centros sanitarios supondría un importante ahorro, ya que el margen de beneficio de las oficinas de farmacia22 ronda el 30 % del precio de venta de cada medicamento, y el 9% para los almacenes de distribución (en el sector farmacéutico los beneficios empresariales son inmensos y determinan el precio final de los fármacos: piénsese que son del 16 % al 18 % neto en el caso de las multinacionales farmacéuticas).

El Ministerio de Sanidad debería dejar de autorizar la financiación por el sistema público de aquellos nuevos fármacos que no aportan ninguna ventaja cualitativa sobre los anteriores y son notablemente más caros.

 servicio centralizado de compras para el resto de suministros, con objeto de aprovechar las ventajas de las economías de escala  perdidas tras el traspaso de la sanidad a las CCAA (en la actualidad las centenares de Gerencias existentes en el estado realizan muchas compras de suministros directamente con gran variedad de precios y calidades).

Rescatar de manos de la industria farmacéutica la formación continuada de los médicos, formación que debería incluir necesariamente el uso racional del medicamento y estar a cargo de entes públicos independientes y no de las multinacionales del sector, así se evitaría que la información estuviera condicionada por intereses ilegítimos.

Optimización de las instalaciones públicas de diagnóstico y tratamiento (imagen, litotricias, ….). Si se hiciese, no haría falta recurrir a clínicas privadas, que realizan este tipo de pruebas a pacientes públicos incluso de madrugada, aunque no tengan carácter urgente, con el consiguiente perjuicio para pacientes y trabajadores. ¿Por qué determinadas servicios sólo funcionan por la mañana en los centros públicos?

 Funcionamiento de quirófanos y consultas hospitalarias mañana y tarde, lo que reduciría las listas de espera y la “necesidad” de conciertos y derivaciones a la privada (que en algunas CCAA ya suponen el 20 % del gasto sanitario público).

Reducción del aparato de gestión. Las transferencias sanitarias han multiplicado el aparato burocrático y de gestión, creando verdaderos

Reinos de Taifas donde una élite directiva de poder, nombrada por afinidad política, con escaso control y elevados sueldos, ha contribuido a disparar el gasto; sin producirse una mejora en la calidad, sin acercar la sanidad a los pacientes, y sin posibilitar la participación/decisión de trabajadores y usuarios.

Rescatar los hospitales y centros sanitarios privatizados de “modelo concesión”, cuyos contratos a 30-60 años son una auténtica bomba financiera de relojería para el sistema público.