Ante la actitud déspota y prepotente de la Sra. Aguirre y de su escudero, el Sr. Güemes, y ante sus pretensiones de coartar la libertad de expresión de los madrileños y la libertad de crítica hacia la mala gestión sanitaria llevada a cabo por la Consejería de Sanidad, El Defensor del Paciente desea hacer las siguientes aclaraciones:

1º. Nos ratificamos absolutamente en las manifestaciones vertidas por El Defensor del Paciente a través de su Presidenta, Doña Carmen Flores. 

Efectivamente, la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid está resultando lamentable. Sus dirigentes, con su mala gestión, están  jugando con la vida de los pacientes. Hay muestras de una evidente falta de medios materiales, técnicos y humanos, existencia de  listas de espera de duración exagerada, trato deshumanizado en muchos casos y de unos altísimos niveles de suciedad en los Hospitales, que hace que los pacientes estén sufriendo graves padecimientos por infecciones hospitalarias, por falta de medios, por demoras diagnósticas y terapéuticas inadmisibles o esperando ser atendidos o intervenidos. 

2º. Las manifestaciones vertidas por el Defensor del Paciente han sido contrastadas, resultan veraces y son fiel reflejo de la realidad. Son numerosas las Sentencias que han condenado a la Comunidad de Madrid por su mala gestión sanitaria, por la existencia de listas de espera excesivas o mal gestionadas, por el fallecimiento de pacientes debido a infecciones hospitalarias derivadas de la ausencia de medidas de asepsia e higiene, a la demora asistencial y a la falta de medios dispensados por la Administración Sanitaria.

Las Sentencias condenatorias a la Comunidad de Madrid no son un secreto para nadie y su conocimiento es público y notorio. Se trata de la Comunidad más denunciada de España y la más condenada en los últimos años, por fallecimientos y lesiones graves, según los datos que obran en poder de la Asociación El Defensor del Paciente.

 3º. Las manifestaciones realizadas por Doña Carmen Flores no son constitutivas de infracción penal, están amparadas por el derecho constitucional a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española, son absolutamente ciertas y tienen un ánimo informativo y dirigido a la mejora de la sanidad. De hecho, si los dirigentes de la Comunidad de Madrid se hubieran informado antes de la verdadera situación de la Sanidad madrileña nunca habrían presentado la querella.

Tanto la Sra. Aguirre como el Sr. Güemes pretenden “cerrar el pico” a los ciudadanos y a las Asociaciones que defienden los derechos e intereses de determinados sectores de la población a golpe de Querella y con una actitud propia de tiempos predemocráticos. Resulta inaudito que, en un Estado de Derecho, una Institución Pública y Política como es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pretenda hacer callar las voces críticas sobre su gestión, obviando los derechos a la libertad de expresión e información y confundiéndolos con la injuria o la calumnia.

 Esta es la primera vez que una Institución pública se muestra no sólo incapaz de mejorar el nivel de calidad de la sanidad sino también incapaz de encajar las críticas de los ciudadanos y de asociaciones de ciudadanos hacia su gestión. Esta es la primera vez en la que una institución pública presenta una Querella por recibir opiniones negativas sobre su actuación.

 4º. Doña Carmen Flores jamás ha tenido el ánimo de injuriar ni de vilipendiar el honor de los dirigentes políticos de la Sanidad madrileña sino la de exponer una opinión crítica sobre su gestión dado el creciente número de Sentencias que han condenado la labor de esta Administración.

Como indica el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 15-1-2007, nº 9/2007, BOE 40/2007, “el derecho a la libertad de expresión adquiere un valor aún mas amplio en cuanto a las críticas en el ámbito de las personas que desempeñan funciones públicas”. Procede recordar al respecto que las frases proferidas se referían a un cargo político y constituían una crítica referida a la labor de un funcionario público y se circunscribía a su actuación en el ejercicio de su cargo y sus funciones, lo que amplía los límites de la crítica permisible, de modo que, en estos casos, quedan amparadas por las libertades de expresión e información no sólo críticas inofensivas o indiferentes, sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar (STC 110/2000, de 5 de mayo; en el mismo sentido, STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4, y SSTEDH de 7 de diciembre de 1976, § 24 (Handyside c. Reino Unido), y de 8 de julio de 1986, § 41 (Lingens c. Austria))" (STC 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 5; también, SSTC 148/2001, de 27 de junio, FJ 6; 151/2004, de 20 de septiembre, FJ 8; 174/2006, de 5 de junio; FJ 6 ).

5º. Con independencia de que los hechos denunciados no son constitutivos de delito de injuria o calumnia, de la redacción de la Querella presentada se desprende una manifiesta incapacidad para distinguir la Injuria de la Calumnia, dos conceptos o tipos delictivos absolutamente dispares, utilizándolos indistintamente en una muestra evidente de que la Querella es infundada, confusa, injusta y carente de base. 

6º. La Asociación El Defensor del Paciente continuará ofreciendo su opinión, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y manifestando públicamente sus críticas sobre la labor ejercida por el Ejecutivo madrileño en materia de sanidad, actuando siempre en favor del paciente y velando por la protección de sus derechos a fin de que no sean menospreciados ni pisoteados por las personas e instituciones que ejercen la gestión y la actividad sanitaria.

Los Juzgados y Tribunales no resultan el mejor marco para solucionar las diferencias de opinión en cuanto al verdadero estado de la sanidad madrileña y es injusto desviar el ya mermado presupuesto de la sanidad para abrir contiendas judiciales con objeto de combatir las opiniones de los madrileños. No obstante, la Asociación El Defensor del Paciente “recoge el guante” y acepta el combate que servirá para que, definitivamente, Doña Esperanza Aguirre y su Consejero reciban el asesoramiento y la información que les hace falta; lo que realizará el próximo día 22 de enero, a las 11:00 h., ante el Juzgado de instrucción de Madrid, donde El Defensor del Paciente demostrará que las manifestaciones son ciertas.