Todos tienen los siguientes Derechos con respecto a las distintas administraciones públicas y sanitarias:

1º. - Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical.

2º. - A la información de los servicios sanitarios a que puede acceder, y sobre los requisitos necesarios para su uso.

3º. - A la confidencialidad de toda información relacionada con su caso y con su estancia en instituciones públicas y privadas que colaboren con el sistema público.

4º. - A ser advertidos si los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos que se apliquen pueden ser utilizados en función del proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso, será imprescindible la previa autorización por escrito del paciente y de la aceptación por parte del médico y de la dirección del correspondiente centro sanitario.

5º. - A que se le dé en términos comprensibles, a él o a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso e incluyendo pronóstico, diagnóstico y alternativas de tratamiento.

6º. - A la libre elección de las opciones que le presente el responsable de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención; excepto en los siguientes casos:

A) Cuando la "no intervención" suponga un riesgo para la salud pública.

B) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso corresponderá a sus familiares o a personas allegadas a él.

C) Cuando la urgencia no permita demora por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento.

7º. - A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer y que será su interlocutor principal con el equipo asistencial, y en cuya ausencia, otro facultativo asumirá su responsabilidad.

8º. - A que se le extienda un certificado acreditativo de su estado de salud; cuando su exigencia se establezca por disposición legal o reglamentaria.

9º. - A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el apdo. 6º, debiendo para ello solicitar el alta voluntaria, en los términos que se señalan en la propia Ley.

10º.- A participar a través de las instituciones comunitarias, en los términos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.

11º.- A que quede constancia por escrito de todo su proceso al finalizar su estancia en una institución hospitalaria. El paciente, el familiar o la persona allegada podrán recibir el informe de alta.

12º. - A utilizar las vías de reclamación y de sugerencias en los plazos que reglamentariamente se establezcan.

13º. - A elegir médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas por esta Ley en las disposiciones que dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los centros de salud.

14º. - A obtener medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer la salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan para la Administración del Estado.

Respetando al peculiar régimen económico de cada servicio sanitario los derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11; de este artículo serán ejercidos también con respecto a los centros de servicios privados.

 

 

¿Qué es el Derecho Sanitario?

 

Las relaciones entre Medicina y Derecho clásicamente se han concretado en torno a la Medicina Legal. En la actualidad, la importancia de la legislación sanitaria se hace evidente, no sólo por las notables modificaciones normativas producidas en nuestro país en esta materia, sino también por la aplicación del derecho de la Unión Europea que incide de manera trascendental en la toma de decisiones, afectando de manera concreta a la profesión médica, pero también ámbitos tan importantes como la gestión hospitalaria, el seguro y la instauración de políticas sanitarias. Todo ello determina la necesidad de tener un conocimiento detallado de las particularidades que el Derecho Sanitario y la Bioética establecen en nuestra sociedad.

 

 

¿La gestión de un hospital público puede ser realizada por una fundación?

 

La gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios en el ámbito del Insalud puede llevarse a cabo a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho.

 

 

¿El alta en el RETA tiene efectos retroactivos para el médico?

 

La Ley 30/1995, que reguló la integración en la Seguridad Social de los profesionales colegiados, impuso a los médicos que ejercen su profesión por cuenta propia la obligación de cotizar en el RETA, estableciendo la posibilidad de optar entre solicitar la afiliación y/o alta en dicho régimen especial o incorporarse a la mutualidad que tenga establecida dicho colegio profesional. El médico colegiado antes del 10 de noviembre de 1995 que haya comenzado su actividad privada -con el consiguiente alta en el IAE- entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1998, no tiene que cotizar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sino desde el día 1 de marzo de 1999.

 

 

¿Qué diferencia al personal médico estatutario interino del personal eventual?

 

El personal interino se designa con carácter provisional para desempeñar una plaza vacante de un titular con derecho a reserva, o no cubierta reglamentariamente, mientras que el personal eventual es designado para atender situaciones esporádicas, urgentes o extraordinarias.

 

 

¿La interinidad computa para la antigüedad del médico laboral indefinido?

 

La antigüedad de un trabajador en una empresa determinada no es otra cosa que el tiempo que viene prestando a esa empresa, aunque tal prestación de actividad laboral se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos de clases distintas, temporales e indefinidos. En todo el tiempo de prestación de servicios se trata de la misma relación laboral. Un médico con relación laboral de carácter indefinido tiene derecho a percibir el complemento de antigüedad desde que comenzó a trabajar aunque fuera con un contrato de duración determinada.

 

 

¿El personal estatutario del Insalud puede sindicarse?

 

Tiene derecho a sindicarse libremente, pudiendo, en el ámbito del Centro de Trabajo, constituir Secciones Sindicales. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más representativos y los que tengan representación en las Juntas de Personal tienen los derechos previstos en la LOLS.

 

 

¿Un paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica?

 

La Ley General de Sanidad dispone en su artículo 61 que el historial clínico estará a disposición de los pacientes, especificando así el derecho de acceso a la historia por parte del paciente.

 

 

¿Qué orden jurisdiccional es el competente para conocer de las reclamaciones por defectuosa asistencia sanitaria de la Seguridad Social?

 

El apartado e) del artículo 2 de la Ley 29/98 atribuye a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de la que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social.

 

 

¿ Es posible la transmisión de infecciones virales por VIH, VHB Y VHC de personal sanitario infectado a paciente?

 

La transmisión de los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC) en el medio sanitario es un hecho documentado. Esta transmisión nosocomial puede ser de tres tipos: a) De paciente a sanitario o viceversa durante procedimientos invasivos; b) De paciente a sanitario durante la manipulación "ex vivo" de fluidos biológicos o tejidos de pacientes portadores; y c) De paciente a paciente a través de instrumental contaminado. De todos ellos el mejor conocido es la transmisión al personal sanitario a través de pinchazos o heridas con agujas y objetos cortantes a partir de pacientes infectados.

 

La hepatitis B es quizás el ejemplo más claro de enfermedad profesional entre el personal sanitario con tasas de transmisión tras pinchazo accidental de entre el 5 y el 40%. Con respecto a los otros dos virus de transmisión percutánea, VHC y VIH, este riesgo también está bien documentado aunque las tasas de transmisión tras exposición percutánea accidental son mucho más bajas, especialmente por lo que se refiere al VIH.

 

A diferencia de la transmisión al personal sanitario, la información epidemiológica sobre el contagio de estas infecciones de personal sanitario infectado a pacientes es muy escasa. Sin embargo, la difusión en los medios de comunicación de un caso de transmisión masiva de hepatitis C a partir de un médico portador ha creado una importante alarma social en nuestro país y ha hecho que en muchos sectores tanto sanitarios como no sanitarios, se extendiese la falsa creencia de que el riesgo de transmisión de este virus era muy elevado. Lo cierto es que este caso no puede considerarse un ejemplo de simple transmisión nosocomial, sino que se trata de una caso de mala praxis en circunstancias totalmente excepcionales en la practica médica.

 

 

¿Las ayudas a hemofílicos cubren el daño moral paterno?

 

La condición principal del Decreto-Ley de Ayudas a Hemofílicos Infectados por VIH es que los beneficiarios de las ayudas renuncian a cualquier tipo de acción judicial para reclamar indemnizaciones. Sin embargo, el perjuicio consistente en el daño moral por la pérdida de un hijo no es objeto de reparación por las ayudas allí reguladas, pues dichas ayudas se reconocen sólo a los afectados y a las personas dependientes de ellas.

 

 

¿Se puede solicitar el reembolso de la asistencia sanitaria realizada en un hospital de Houston?

 

El descubrimiento en un hospital estadounidense de una enfermedad no detectada en la Seguridad Social sólo se reintegra si es urgencia vital.

 

 

¿El ejercicio de la medicina alternativa constituye intrusismo?

 

El ejercicio de la medicina natural y la acupuntura no constituyen un delito de intrusismo médico, sin embargo, un naturista puede cometer este delito si ejerciera actos propios de médico, se anunciara como tal y en su propaganda asegurara la curación de enfermedades.

 

 

¿Un facultativo puede impedir a un marido entrar en el paritorio?

 

En principio, todo padre tiene derecho a asistir al parto, si bien este derecho podrá ser restringido por razones fundadas (nunca de forma arbitraria o injustificada), de forma que cualquier limitación de dicho derecho deberá razonarse adecuadamente.

 

 

¿Un folleto general es suficiente para informar en cirugía estética?

 

Las intervenciones de cirugía plástica se integran en el ámbito de la llamada cirugía satisfactiva o medicina voluntaria, para diferenciarlas de la cirugía asistencial o curativa, ya que la intervención no afecta directamente a la salud, que no se encuentra en peligro alguno, sino que busca una mejora de la imagen o un fin quizás puramente estético. La posición del paciente en estos casos es más próxima a la de un cliente en el ámbito de un contrato de obra que a la de un enfermo en el ámbito de la medicina asistencial por lo que se debe hacer un informe claro y completo de los riesgos descartables y de los no descartables para que la persona que solicite la intervención pueda asumir expresamente los riesgos que le han explicado de forma clara e individualizada que tenga en cuenta las circunstancias personales.

 

 

¿Advertir en un medio público contra un médico que trabaja en un servicio de urgencias lesiona su honor?

 

Hay que diferenciar dos facetas: la representada por aquello que constituye la divulgación pública de un concreto suceso de naturaleza asistencial y, por otro lado, una información que se dé acerca de la persona de un facultativo, en contra del cual se advierta a los ciudadanos susceptibles de ser atendidos por él. La libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, identificada con su nombre y apellidos, de hechos que le hagan desmerecer del público aprecio y respeto, y reprobables a todas luces, sean cuales fueren los usos sociales del momento, más aún, cabe añadir, si el comentario descalificatorio se vierte en el seno de una profesión de especial naturaleza humanitaria y un servicio de imprescindible utilización cual es las urgencias de un hospital público.

 

 

Un poco de Jurisprudencia

La Audiencia Provincial de Valencia declara en sentencia de 22 de octubre de 1997 que existe una publicidad engañosa de los productos que vende la demandada por atribuirles propiedades que no son ciertas, pues el efecto curativo de la magnetoterapia no está comprobado. La publicidad que se emitía sobre los productos que fueron objeto de la demanda no reflejaban la realidad, ya que les atribuía un papel curativo de muchas enfermedades que no está demostrado.

 

La Sala Civil del Tribunal Supremo en sentencia de 6 de mayo de 1998 declara la responsabilidad patrimonial del Insalud por la ceguera de un niño prematuro que fue tratado con oxigenoterapia. El alto tribunal considera que existen indicios suficientes para concluir que la estancia del menor en la incubadora con una insuficiente vigilancia oftalmológica, recibiendo abundantes dosis de oxígeno, constituyen un factor de riesgo de la enfermedad contraída, y propició, cuando no causó, la enfermedad.

 

El daño desproporcionado es prueba aparente de responsabilidad según una sentencia de 8 de septiembre de 1998 del Tribunal Supremo. La resolución declara la responsabilidad de médico tras aplicar la regla norteamericana res ipsa loquitur (la cosa habla por sí misma); la alemana del Anscheinsbeweis (apariencia de prueba), además de la francesa de la faute virtuelle (culpa virtual). Éstas permiten deducir que el daño exagerado se produce por una conducta negligente, aunque no se conozca el detalle exacto.

 

Una sentencia de 28 de octubre de 1998 de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo condena al Insalud a indemnizar a pesar de que el contagio transfusional de hepatitis B se produjo cuando el virus era indetectable al encontrarse en el denominado "periodo ventana". El fallo aplica los diversos elementos de la responsabilidad patrimonial que causan el derecho a la indemnización de la víctima. El primero es que exista una lesión, daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente; el segundo, que la lesión sea un daño ilegítimo; el tercero, que exista una relación de causa-efecto entre la actuación de la Administración y el daño; por último, que la lesión sea real, con posibilidad de ser cifrada en dinero y compensada de forma individualizable. Es indiferente que la actuación haya sido normal o anormal, dice la sentencia que indemniza a los familiares del paciente fallecido.

 

Un equipo médico de cirujanos es negligente si realiza una operación ginecológica sin disponer de datos suficientes para conocer la posibilidad de embarazo de una paciente a la que va a intervenir, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de marzo de 1999 que condena al equipo, al hospital y al Insalud a indemnizar con cuatro millones de pesetas.

 

Una sentencia de 20 de julio de 1999 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia concede el reintegro de gastos sanitarios a un ciudadano español que se desplazó a un hospital de otro Estado miembro de la Unión Europea sin que la Administración autorizase el tratamiento médico.

 

No procede el reintegro de gastos por la extracción y depósito de semen ante el peligro de quedar infértil por causa de un tratamiento de quimioterapia al no ser una urgencia vital, según una sentencia de 2 de noviembre de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

 

Las lesiones causadas por una completa desidia y despreocupación con la que un ginecólogo llevó la gestión del último mes de un embarazo, junto con la falta de control en el momento del parto, son una conducta penada como delito de imprudencia temeraria profesional, según una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de noviembre de 1999 que, además, condena al médico a indemnizar con más de 90 millones de pesetas.

 

La pérdida de expectativas de vida por omisión de una prueba diagnóstica que hubiera aportado escasas pero reales posibilidades de supervivencia a un paciente obliga a indemnizar el daño moral, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 30 de diciembre de 1999 que ha condenado a un médico y al Servicio Gallego de Salud a pagar 5 millones de pesetas por el daño moral causado a los familiares de un enfermo que falleció sin que le fuera realizada una prueba diagnosticada.

 

La facultad de la Administración pública para cesar libremente a quienes ocupan puestos de libre designación en un hospital de la Seguridad Social no permite imponer represalias por participar legítimamente en una protesta colectiva según una sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero del 2000.

 

Una sentencia de 6 de marzo del 2000 de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con ocho millones de pesetas al hijo de un paciente que falleció por una neumonía que contrajo en el propio centro y que fue tratada sólo con paracetamol.

 

La falta de respuesta a las alegaciones constitucionales suscitadas en un recurso contencioso administrativo contra una Resolución del Insalud que deniega el derecho de un médico a retirarse de un concurso de traslados de personal facultativo de servicios jerarquizados de dicho Instituto vulnera del derecho a la tutela judicial según una sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de marzo del 2000.

 

La especial capacitación profesional de los peritos médicos de una defensa permite que su dictamen logre contrarrestar las conclusiones de los médicos forenses, según una sentencia de 23 de mayo del 2000 de un Juzgado de lo Penal de Gerona que absuelve a un cirujano de un delito de lesiones por imprudencia profesional.

 

La Audiencia Nacional en sentencia de 19 de abril del 2000 condena al Insalud a indemnizar con cinco millones a la hija de un paciente que falleció en uno de sus centros porque no cree razonable que el traslado urgente de un enfermo de una planta a otra dentro de un mismo hospital pueda tardar más de treinta minutos.

 

Vulneración de la interdicción de arbitrariedad y del derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad parcial de la tabla V del baremo de valoración de daños de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor según una sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de junio del 2000

 

 

Lo que todo Paciente debe saber y no olvidar cuando vaya a someterse a tratamiento médico y/o hospitalario, tanto en la sanidad pública como en la privada, son las siguientes reglas:

I.- El Médico NO es responsable del MAL RESULTADO de su actuación, puesto que cada persona reacciona de forma diferente ante un mismo tratamiento. El Médico SI responde por no actuar conforme a las normas de su especialidad y por no poner a disposición del enfermo todos los MEDIOS de diagnóstico, tratamiento y curación existentes en el lugar y, además, por no actuar con la diligencia, la prudencia y la pericia exigibles a un profesional de la Medicina.

II.- El Médico, excepcionalmente, SI responde del MAL RESULTADO de su intervención, aun cuando haya actuado correctamente, si se trata de Medicina SATISFACTIVA, es decir que NO ES CURATIVA y que promete al Paciente unos resultados concretos, como son, por ejemplo, la Cirugía Estética ("lifting", implantes mamarios, peneales, capilares, inyecciones de silicona, liposucciones, etc. que no debe confundirse con la cirugía reparadora que si es "curativa"); la Vasectomía; la de Cambio de Sexo; la Odontológica-protésica y la Ortodóncica estéticas y otras especialidades similares.

III.- Para toda actuación Médica que no sea de carácter eminentemente URGENTE, el Paciente debe ser informado previamente por el Médico (¡no por la enfermera o ATS) de los RIESGOS del tratamiento y de otras alternativas de tratamiento existentes. Sólo entonces debe firmar el Paciente el documento de "CONSENTIMIENTO" autorizando el tratamiento. NUNCA FIRMAR EN BLANCO, puesto que, aunque le digan lo contrario, NO es un mero trámite administrativo.

IV.- Aún cuando el Paciente haya firmado el documento de Autorización o "Consentimiento" para el tratamiento, esto NO significa, ni mucho menos, que el Médico quede libre de sus responsabilidades de actuar con diligencia, prudencia y pericia y de poner a disposición del Paciente todos los medios de diagnóstico y tratamiento existentes.

V.- Para que exista derecho a reclamar una indemnización por responsabilidad Médica u Hospitalaria, el Paciente tiene que haber sufrido efectivamente una LESIÓN o PERJUICIO, que no sólo pueden ser físicos, sino también económicos, psicológicos y/o morales. La indemnización debe intentar, en lo posible, reparar la totalidad del daño causado. Al Paciente corresponde probar la existencia del daño y perjuicio y su relación con el mal actuar médico u hospitalario; de ahí la importancia que GUARDE todos los documentos que le vayan entregando sobre su tratamiento por insignificantes que le parezcan.

VI.- La HISTORIA CLÍNICA del Paciente es el documento fundamental en toda reclamación por imprudencia o negligencia médica u hospitalaria. El Paciente tiene DERECHO a obtener una COPIA COMPLETA de su Historia Clínica en virtud de la Ley de Consumidores y Usuarios y la Ley General de Sanidad, entre otras disposiciones legales. Si el Servicio de Atención al Paciente no se la entrega, habrá que reclamarla por vía judicial.

VII.- Si el Paciente considera que la demora que sufre en ser tratado es excesiva; si le atienden mal; si el Médico ignora lo que el Paciente le informa o se produce cualquier otra irregularidad que el Paciente considere IMPORTANTE, debe RECLAMAR por escrito ante el Servicio de Atención al Paciente, y si no existiera en el lugar, ante el Ministerio o Consejería de Sanidad o, incluso recomendamos por su efectividad, ante la Inspección Médica, debiendo quedarse siempre el Paciente con copia sellada y fechada de su reclamación.

VIII.- Si la demora en atender al Paciente dentro del sistema de Sanidad Pública llega al escandaloso extremo de que, a pesar de haber reclamado anteriormente, se produce un RIESGO INMINENTE DE MUERTE o, incluso, de daño físico de extrema gravedad, lo que se denomina "Urgencia Vital", el Paciente, excepcionalmente, previa autorización de la Inspección Médica, podrá acudir a la Sanidad Privada y, luego, pedir el reembolso de gastos justificados, que si no son abonados habrá de reclamarlos por vía judicial.

IX.- La Constitución Española en su artículo 43 reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la protección de su salud por parte de los Poderes del Estado, quienes están obligados a prestar los servicios necesarios. El artículo 106.2 de la Constitución garantiza que los ciudadanos serán indemnizados por toda lesión que sufran como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, entre los que destaca, claro está, la SANIDAD.

X.- Los ciudadanos NO están INDEFENSOS, ni mucho menos frente a los daños y perjuicios que sufran como consecuencia de un mal servicio sanitario, público o privado. La indemnización por los perjuicios sufridos pueden ser reclamados por vía administrativa y/o judicial, según los casos. De producirse un CONFLICTO GRAVE, recomendamos al Paciente que, ANTES de actuar, se ASESORE convenientemente a través de alguna de las Fundaciones y Asociaciones defensoras de Pacientes, Consumidores y Usuarios que ya existen en nuestro país y que intentarán solucionarlo rápida y amistosamente.