profile="http://gmpg.org/xfn/11"> ¡¡ESCÁNDALO SANITARIO!! La antítesis a los RECORTES - Asociación el Defensor del Paciente - Negligencia Médica : Asociación el Defensor del Paciente – Negligencia Médica

Los pacientes españoles perdemos nuestros derechos por culpa del copago y los recortes, pero por el contrario, la ineficacia de los gestores que nos gobiernan está dejando de cobrar millones de Euros por la asistencia a ciudadanos de países extranjeros.  

‘El Defensor del Paciente’ pone en conocimiento de la opinión pública la Carta que hemos remitido a la Ministra de Sanidad, Dª. Ana Mato, en relación al Informe emitido por el Tribunal de Cuentas, publicado en el BOE el 25 de Marzo del presente año respecto a la gestión de las Prestaciones de asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación de los ‘Reglamentos  Comunitarios y Convenios  Internacionales’ de la Seguridad Social, en el que se denuncia  graves deficiencias de control y gestión de recursos, que hacen perder a España millones de Euros.

¡¡Lo que dice el Tribunal de Cuentas es un ESCÁNDALO y parece que nadie se ha percatado!! Nuestros gestores sanitarios, acribillan a todos los españoles con recortes y copagos sanitarios, sin embargo, por su ineptitud, dejamos de cobrar millones de euros a Europa y a otros países por la asistencia que prestamos a sus ciudadanos.

Lo que denunciamos es la antítesis a los recortes, quedando en evidencia que el problema de todo se debe a la ineficacia y la inutilidad de los gestores que rigen el sistema sanitario español. Por lo tanto, no es un problema de medios sino de falta de gobernantes competentes. 

Mientras que a los españoles se nos ahoga cada vez más con impuestos, tasas y recortes, por otra parte, estamos dejando de cobrar a los países  comunitarios y a otros estados, las prestaciones sanitarias de sus residentes a las que están obligados en virtud de los convenios internacionales.

El Tribunal de Cuentas tras examinar la gestión llevada  a cabo por las Administraciones del Ministerio de Sanidad y el INSS, instó en el mes de Marzo a dichos organismos a tomar las medidas oportunas para que se controle y se facture a los estados con reglamentos comunitarios los gastos ocasionados por los nacionales de dichos países. Pero de momento Ministerio de Sanidad e INSS siguen impasibles como si no les preocupara el problema. 

No se trata de que no se atienda a personas extranjeras, se trata de que se controle que la asistencia a personas extranjeras sea asumida por sus diferentes países, al igual que España paga por la prestación sanitaria a sus residentes. Y más aún cuando España es un país receptor de turistas y residentes extranjeros.

Las deficiencias en el control y supervisión de las prestaciones provocan anualmente la pérdida para España de millones de Euros.

Carta a la Ministra de Sanidad en la que solicitamos que de forma inmediata se adopten las medidas pertinentes para recuperar el dinero no solicitado a los diferentes países que nos adeudan, así como retirar de forma fulminante todos los recortes y copagos que han entrado en vigor, con el fin de sanear la Sanidad Pública Española.

Att. de Dª. Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Muy Sra. Nuestra:

         Nos dirigimos a Vd. para comentarle un problema que entendemos es de suma gravedad ante la política desaforada de recortes sanitarios y vulneración de derechos que están padeciendo los ciudadanos, y en su consecuencia, pacientes de nuestro país, por parte de la mayoría de las Consejerías de Salud.

         Como Ministra de Sanidad sabe, aunque desde el Ministerio de Sanidad y la Oposición se muestren indolentes, que el pasado 25 de Marzo se publicó en el BOE, un Informe emitido por el Tribunal de Cuentas sobre la Gestión de las Prestaciones de asistencia sanitaria derivadas de la aplicación de los Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales de la Seguridad Social, en el que dicho Tribunal denuncia graves deficiencias de control y gestión de recursos, que hacen perder a España millones de Euros.

         Al respecto, le recordamos que el Tribunal de Cuentas en dicho Informe, tras examinar la gestión llevada a cabo por las Administraciones del Ministerio de Sanidad y el INSS, les instó a ambos organismos a tomar medidas oportunas para que se controle y se facture a los estados con reglamentos comunitarios los gastos ocasionados de dichos países, pero parece ser que es todo lo contrario, puesto que el proceso de los recortes de un tiempo a esta parte ha pasado de la anestesia local, a la anestesia parcial y hasta estos momentos con la anestesia total que sufrimos todos los españoles.

         Por ponerle un ejemplo, es innegociable y gravísimo que en España actualmente se recorten en tratamientos o medicamentos oncológicos, cuando los gestores que nos gobiernan son incapaces de realizar su trabajo de forma correcta dejando de cobrar a países extranjeros un dinero fundamental y vital para la salud de los españoles.

         Para refrescarle la memoria, dado que el Informe publicado en el BOE consta de 178 páginas, nos hemos tomado la molestia de elaborar un resumen de unas 10 páginas que al final de esta carta le acompañamos.

         Por lo tanto, como máxima responsable de Sanidad en nuestro país, le solicitamos que de forma inmediata se adopten las medidas pertinentes para recuperar el dinero no solicitado a los diferentes países que nos adeudan, así como retirar de forma fulminante todos los recortes y copagos que han entrado en vigor, cubriendo todas esas necesidades que dicen Vds. tener para sanear la Sanidad Pública Española.

         Dándole las gracias de manera anticipada, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Carmen Flores (Presidenta)

Resumen del Informe del TRIBUNAL de CUENTAS, publicado en el BOE el 25 de Marzo de 2013

Informe del Tribunal de Cuentas sobre la Gestión de las Prestaciones de asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación de los Reglamentos  Comunitarios y Convenios  Internacionales de la seguridad Social.

En resumidas cuentas lo que viene a decir es que España está dejando de percibir millones de euros (no miles, ¡¡¡millones!!!) a causa de la deficiente gestión, falta de control y colaboración de las diferentes instituciones en las prestaciones realizadas a las personas extranjeras.

No se trata de que no se atienda a personas extranjeras, se trata de que se controle que las asistencia a personas extranjeras sea asumida por sus diferentes países, igual que España paga por la prestación sanitaria a sus residentes, Y más aún cuando España es un país receptor de turistas y residentes extranjeros.

Algunas de las deficiencias que destaca el Informe son:

1º En cuanto a la aplicación  informática que se utiliza para realizar la facturación. 

Según el Informe del Tribunal de cuentas, hay 30 reglamentos comunitarios. La gestión de facturación de prestaciones se lleva a cabo a través de una aplicación informática llamada ASIA creada por el INSS.

El  Tribunal de Cuentas ha detectado diversas deficiencias en el intercambio de información que se produce entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (este último, respecto de las ciudades de Ceuta y Melilla), así como en otros aspectos del procedimiento que inciden negativamente en la eficacia y eficiencia derivada de la gestión de la facturación emitida por España. Y ello principalmente porque no todas las comunidades tienen establecido el sistema informático y no se está utilizando o se está utilizando sin meter todos los datos necesarios para la facturación, lo que  provoca que los países rechacen las facturas que se presentan.

Esta deficiencia se puede subsanar fácilmente mediante el acceso de todos los centros al módulo de facturación FISS-WEB (que ya se utiliza en algunas CCAA), lo que dinamizaría el procedimiento de facturación y posibilitaría la introducción de controles adecuados en la facturación. 

El Tribunal ha constatado que, entre los ejercicios 2006 a 2010 existieron, al menos, 285 facturas grabadas en el módulo de facturación FISS-WEB por los centros, servicios y establecimientos sanitarios que contaban con esta aplicación, que no tenían toda la información necesaria para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pudiera emitir la facturación correspondiente a los órganos de enlace extranjeros, cuyo importe ascendía a 51.306 euros, destacando los centros de Andalucía (166 facturas), Cataluña (50 facturas) y Madrid (30 facturas). Por tanto, en estos casos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no emitió la pertinente facturación.

La falta de utilización del módulo de facturación FISS-WEB en todo el territorio nacional origina un retraso en la gestión de las facturas que el Instituto Nacional de la Seguridad Social debe remitir a los organismos de enlace de los demás Estados miembros, ya que, a los tiempos de grabación de los datos necesarios para la facturación, se añade el tiempo que transcurre desde que los Servicios de Salud y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria recopilan la documentación procedente de los distintos centros, servicios y establecimientos sanitarios que tienen adscritos, y la remiten a la correspondiente Dirección Provincial, con el consiguiente coste financiero para España,  como consecuencia del aumento de los plazos de facturación.

2º Respecto al Reino Unido, se ha estado facturando mediante estimaciones en lugar de coste real.

El Tribunal ha verificado que, hasta el 31 de diciembre de 2008, las prestaciones sanitarias proporcionadas a las personas protegidas por la Seguridad Social del Reino Unido durante su estancia temporal en España, por la utilización de Tarjetas Sanitarias Europeas, fueron facturadas a la Seguridad Social del Reino Unido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, mediante estimaciones basadas en el número de turistas recibidos en España, a diferencia de las facturaciones emitidas al resto de Estados, para los que se emitieron facturaciones en función del coste efectivo de las prestaciones sanitarias servidas por cada centro, servicio y establecimiento sanitario del Sistema Nacional de Salud (costes efectivos o gasto real).

El Tribunal de Cuentas verificó, mediante la comparación de los dos sistemas de facturación (estimaciones basadas en el número de turistas y el estimado en función de los costes efectivos de los servicios sanitarios prestados o gasto real), que la diferencia entre la facturación mediante el sistema de estimaciones y lo que hubiera obtenido España de haber facturado las prestaciones por sus costes efectivos o gasto real, supuso una pérdida estimada anualmente en, al menos, 20 millones de euros, en los ejercicios 2007 y 2008. 

A partir del 1 de enero de 2009, España dejó de aplicar el sistema de estimaciones y comenzó a facturar al Reino Unido por el sistema de costes efectivos o gasto real. A juicio del Tribunal de Cuentas,  aunque esta situación fue solventada en 2009, el Ministerio de Trabajo e Inmigración debería haber promovido el cambio de sistema de facturación con mayor antelación,

3º En relación a las personas empadronadas mayores de 65 años. Según el INE hay 231.364 personas, pero sin embargo, España factura a otros estados respecto a 103.672 personas.

Esto supone que España esta dejando de facturar a sus respectivos países el coste que supone su asistencia sanitaria. El doble de personas de las que realmente se facturan. Es decir, los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria han emitido la tarjeta sanitaria individual, a personas extranjeras empadronadas en España (estimadas en 127.692 personas), por las que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no está percibiendo cuotas globales, lo que explicaría esa significativa diferencia.

Por tanto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria deben adoptar las medidas oportunas para depurar sus actuales registros, con objeto de detectar la existencia de personas residentes en España por las que el Instituto Nacional de la Seguridad Social debería cobrar cuotas globales a otros Estados y no lo está haciendo

4º No hay control de lo que se factura a otros países.

La facturación emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a los países deudores es revisada por estos países, que pueden aceptar o rechazar las facturas emitidas por España.  Cuando un estado miembro rechaza una factura, el INSS realiza la gestión en soporte papel y tarda a veces más de un año en resolver la incidencia, si es que llega  a resolverla.

Sin embargo, no realiza un seguimiento de la facturación emitida, dado que en la aplicación informática sólo queda constancia de la emisión de la facturación, pero no de la aceptación o rechazo por parte de los países deudores, ni tampoco de qué facturación fue anulada.

Ningún organismo ha aprobado un procedimiento que regule la gestión de las facturas rechazadas. No hay custodia de los formularios de derecho y de la documentación en virtud de los cuales fue emitida la facturación, que corresponde a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, ya que una de las principales causas por las que España deja de cobrar facturación emitida es la pérdida de los formularios de derecho, por parte de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, en virtud de los cuales se presta asistencia sanitaria en España a asegurados de otros Estados.

Con respecto a algunos países, no se está utilizando el sistema informático FISS- WEIS, sino que se sigue utilizando el soporte en papel, y soportes de grabación. Y al rellenar los oportunos formularios que deben remitirse  a otros estados, muchas veces van incompletos, sin fechas, sin códigos identificativos… lo que hace que cuando son facturados sean rechazados por los países que deben abonarlos.

Así, los problemas que surgen cuando España remite las facturas a otros países es que NO se aceptan muchas porque van incompletos, y además, como NADIE controla si se acepta la factura o no, ni tampoco se custodian los documentos, la mayoría de las veces no se cobra por dichos servicios.

5º Prestaciones odontológicas 

En el ejercicio de 2009, España recibió, como mínimo, 3.148 facturas de otros Estados miembros por gasto real que sólo incluían prestaciones odontológicas, por importe de 276.999 euros, de las que el 99,65% (3.137) procedían exclusivamente de tres Estados: Alemania, Francia y Bélgica.

En estos Estados las prestaciones odontológicas están incluidas dentro de los Sistemas Nacionales de Salud, a diferencia de España, en que dichas prestaciones odontológicas, con carácter general, deben ser soportadas por el paciente.

Se pone así de manifiesto que asegurados a cargo de la Seguridad Social española se desplazan a otros Estados en los que las prestaciones odontológicas están cubiertas por sus respectivos Sistemas de Seguridad Social, con el fin de eludir la aplicación de la normativa española, al recibir prestaciones odontológicas no soportadas por nuestro sistema de Seguridad Social, sin el formulario de asistencia que exigen los Reglamentos comunitarios.

Por ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social debe adoptar las medidas oportunas para limitar el riesgo de que, por esta vía, la Seguridad Social española, esté financiando indirectamente unas prestaciones odontológicas que nuestra legislación no contempla, y no obstante, no se solicita el reintegro de las mismas a los ciudadanos españoles que intentan aprovecharse.  

6º Aceptación automática de facturación recibida.

En la facturación telemática la normativa exige que todo lo que supere 2.000 euros se controle y se confirme, pero no se hace. Se acepta todo y sin cuestionar. Facturaciones de 30.000 euros a 20.000 euros se pagan automáticamente sin examinar. Se deberían devolver facturaciones porque hay motivos para el rechazo como hacen ellos pero nosotros no lo hacemos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social aceptó el pago de facturas que no contenían información básica esencial, como las fechas de inicio y fin de la prestación sanitaria, que es información imprescindible para comprobar que la prestación recibida estaba dentro del período de validez del formulario de derecho. Esta incidencia fue detectada por el Tribunal de Cuentas, como mínimo, en 13 facturas, por importe de 3.166 euros, facturas que deberían haber sido devueltas al país deudor para su subsanación o anulación.

Además, a pesar de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene establecido un control en la aplicación informática por el que deben revisarse todas las facturas emitidas por hospitalizaciones con un importe superior a 2.000 euros, el Tribunal de Cuentas, ha verificado que esta Entidad Gestora, a través de la aplicación, aceptó facturas que superaron este umbral y llegó, incluso, a aceptar automáticamente un formulario por importe de 31.174 euros.

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según ha detectado también el Tribunal de Cuentas, aceptó, como mínimo, 447 facturas por importe de 652.942 euros, en las que la fecha fin de la prestación era anterior a la fecha de inicio de la prestación, a pesar de que en la aplicación ASIA esta deficiencia debe ser motivo de rechazo automático.

Asimismo, el Tribunal detectó que, como mínimo, 93 facturas, por importe de 30.987 euros, fueron aceptadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a pesar de que no contenían información relativa al código de identificación del asegurado.

A pesar de que también es causa de rechazo automático la falta de cumplimentación del código relativo al formulario de derecho (que identifica cada tipo formulario y que habilita para recibir un tipo de prestación u otro), el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de la aplicación ASIA, aceptó, como mínimo, 17 facturas en las que no constaba esa información.

En todos los supuestos anteriores, las facturas deberían haber sido rechazadas y, en su caso, devueltas.

Se aceptaron facturas emitidas por otros Estados sin realizar ninguna comprobación ante el asegurado que recibió la prestación sanitaria, tendente a verificar la realización del desplazamiento y la asistencia sanitaria recibida, ni la verificación del Estado miembro que emitió la factura. Se aceptaron automáticamente facturas duplicadas, de importes elevadísimos sin verificar si procedía o no.

Por otro lado, NADIE controla si una factura girada por España a otros países ha sido finalmente cobrada o no, ya que el Instituto Nacional de la Seguridad Social registra los cobros en esta aplicación de forma global, sin identificar el formulario de liquidación al que corresponde el cobro determinado, lo que constituye un grave defecto, a juicio del Tribunal de Cuentas, que el citado Instituto debe solventar para conseguir una adecuada gestión de cobro de la facturación emitida y lograr saber, en todo momento, las facturas cobradas y las que están pendientes de cobro.

7º Personas de escasos recursos.

¡Sorprendente! Los españoles deben justificar con documentación su estado de “sin recursos”, los extranjeros basta una declaración jurada.

El 15 de junio de 2010, había 453.349 personas cuya nacionalidad pertenecía a alguno de los 37 Estados con derecho a prestación sanitaria por falta de recursos.

El coste económico estimado por el Tribunal de Cuentas, correspondiente a la asistencia sanitaria prestada a estas 453.349 personas, aplicando la cuota global menor de las calculadas por España y aprobadas por la Comisión de Cuentas, es decir, utilizando la cuota global del ejercicio 2009 para los miembros de la familia de un trabajador, que fue de 82,99 euros/mensuales, ascendería, al menos, a 451.481.202 euros anuales.

Las personas no españolas solicitantes de los derechos asociados a esta figura jurídica, no tienen la obligación de presentar un documento expedido por un organismo oficial del Estado de procedencia que acredite que la persona carece de cobertura sanitaria en dicho país, lo que permite que dichas personas puedan quedar a cargo de la Seguridad Socialespañola a pesar de que pueden estar aseguradas en sus países de procedencia, con el consiguiente perjuicio económico para España derivado de la imposibilidad de facturar a sus países de origen por los servicios que les sean prestados.

Con carácter general únicamente deben presentar una Declaración Jurada de ingresos económicos, a diferencia de las personas de nacionalidad española, que tienen que acreditar la insuficiencia de recursos económicos, mediante la presentación de la Declaración del Impuesto sobre la Renta.

Al menos, 284 personas titulares de una Tarjeta Sanitaria Europea emitida por otros Estados miembros obtuvieron también la tarjeta sanitaria individual española a través de la figura de “persona sin recursos económicos suficientes”. El coste económico estimado por el Tribunal, por la asistencia sanitaria prestada sólo a estas 284 personas, aplicando el importe de la cuota global de España aprobada para el ejercicio 2009 para los miembros de la familia de un trabajador (que fue de 82,99 euros/mensuales), ascendería al menos, a 282.829,92 euros anuales.

Esta situación y otras, habría sido evitada con la simple consulta informática al Fichero General de Afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se recogen las personas que tienen la condición de “personas sin recursos económicos suficientes”. 

8º Países que no pagan y no se reclama.

La facturación emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social derivada de las prestaciones sanitarias servidas a las personas protegidas por la Seguridad Social de Brasil, Chile, Ecuador y Perú nunca ha sido abonada por estos Estados, a pesar de que estos Convenios Bilaterales entraron en vigor el 1 de diciembre de 1995, el 13 de marzo de 1998, el 1 de noviembre de 1962 y el 1 de febrero de 2005, respectivamente.

La deuda pendiente de estos Estados con España ascendía a 5.519.334,16 euros a 31 de diciembre de 2008. En este mismo sentido, España tuvo suscritos Convenios Bilaterales de Seguridad Social que contemplaban las prestaciones de asistencia sanitaria con Panamá y Paraguay, convenios que actualmente no están en vigor. No obstante, la deuda pendiente de pago de estos dos Estados con España, a 31 de diciembre de 2008, por las prestaciones de asistencia sanitaria a personas protegidas por la Seguridad Social de estos dos países ascendía a 207.410 y 4.144 euros, respectivamente.

Según el Tribunal de Cuentas, no se han tomado medidas para reclamar dichos importes. 

9º Problemática con los ciudadanos de Marruecos.

El Tribunal de Cuentas insta a revisar el Convenio dado que es sumamente gravoso para España.

El Convenio Bilateral suscrito con Marruecos en materia de asistencia sanitaria, determina que el número de asegurados a cargo de Marruecos que reciben prestaciones de asistencia sanitaria en España es prácticamente inexistente, mientras que, por el contrario, existen numerosos asegurados a cargo de España que reciben asistencia sanitaria o residen habitualmente en Marruecos. 

En relación con la facturación por gasto real, en el ejercicio 2009, España no remitió facturación alguna a Marruecos, si bien recibió de Marruecos facturas por importe de 202.897 euros.  En relación con la facturación por cuotas globales, en el ejercicio 2009 el importe facturado por España a Marruecos ascendió a 767.086 euros, mientras que el importe facturado por Marruecos a España fue de 12.545.384 euros, importe 16 veces superior al facturado por España. Esta situación se debe, fundamentalmente, a que en virtud del Convenio Bilateral, Marruecos factura a España por la asistencia sanitaria prestada a los familiares de trabajadores marroquíes que trabajan en España, pero que siguen residiendo en Marruecos.

Esta situación se agrava para España, si se considera que el número de personas de nacionalidad marroquí que eran titulares de la tarjeta sanitaria individual por tener la condición de “personas sin recursos económicos suficientes” ascendió, a 15 de junio de 2010, a 67.277 personas que, de acuerdo con la normativa vigente, deben residir en España y por las que España no factura a Marruecos, por tratarse de personas a cargo de la Seguridad Social española. Pero tampoco nadie controla si residen en España o en Marruecos.

10º El coste farmacéutico NO SE FACTURA.

El Tribunal de Cuentas ha podido constatar, con carácter general, la práctica inexistencia de facturación emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por las prestaciones farmacéuticas servidas a personas protegidas por la Seguridad Social de otros países por los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

La escasa facturación de las prestaciones farmacéuticas se debió, entre otras causas, a la falta de sistemas informáticos que permitieran a los Servicios de Salud y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria gestionar y controlar de forma automatizada todas las recetas que pudieran ser objeto de cobro.

Esta situación supone un importante perjuicio económico para España, y en particular para las propias Comunidades Autónomas y para el INGESA. Este perjuicio ascendió, de acuerdo con la estimación efectuada por este Tribunal de Cuentas, sobre la base del coste medio en gasto farmacéutico por consulta de atención primaria publicado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y el número de consultas de atención primaria facturadas por las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla, sólo para el ejercicio 2009, al menos, a 4.492.082 euros

11º Facturación de  las emergencias.

 Las prestaciones de asistencia sanitaria por los servicios de emergencia dependientes de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas a asegurados de países en los que son aplicables los ‘Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales’ deben ser facturadas por España. Sin embargo, sólo dos CCAA, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, han facturado las prestaciones de asistencia sanitaria servidas por sus servicios de emergencia a asegurados de otros países. El número de facturas emitidas por la Región de Murcia en el ejercicio 2009 por este concepto ascendió a 141, por un importe total de 48.534 euros, mientras que la Comunidad Valenciana emitió 1.120 por un importe de 415.764 euros.

La estimación de la facturación no realizada por el resto de las CCAA supone un importe, como mínimo de 3.553.948 euros, que evidencia la importancia de que las CCAA deben facturar la asistencia sanitaria que sus servicios de emergencia prestan a aquellos asegurados que residan habitualmente en otros Estados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

DEFENSOR del PACIENTE