Desde
hace
décadas
la lista
de
espera
quirúrgica
y
diagnóstica,
instauradas
en el
sistema
público
de salud
español,
son el
mayor
problema
para los
pacientes,
sin que
ningún
Gobierno
o
Comunidad
Autónoma,
tras las
transferencias
de las
competencias
sanitarias,
hayan
sido
capaces
de
paliar
el
problema
y
reducir
tiempos
en una
medida
coherente.
Pero lo
que
realmente
preocupa
es la
inexistencia
de un
sistema
transparente
de
información
para el
paciente,
originándose
conflictos
entre
algunas
Consejerías
de Salud
y el
Ministerio
de
Sanidad
en
cuanto
al
cómputo.
Se actúa
de forma
inoperante,
parcheando
los
números
sin
cordura
ni
profesionalidad,
aireando
la
reducción
de
tiempos
en lista
quirúrgica
como
propaganda
electoral,
a la vez
que esta
espera
origina
traspaso
de
dinero
público
a la
sanidad
privada,
y de
igual
modo
nuestros
mandatarios
evaden
el
núcleo
del
problema:
las
secuelas
y el
agravamiento
de la
patología
del
paciente
se
genera
durante
el largo
tiempo
de
espera
para
diagnóstico
y
especialista.
Por lo
tanto,
no sirve
de nada
reducir
la lista
de
espera
quirúrgica
si no
existe
una
simbiosis
con la
diagnóstica.
¿Por qué
no se
publican
los
números
reales?
Tal vez
los
responsables
sanitarios
de las
Comunidades
no
quieran
comparativas
para
hacer
política
utilizando
cifras.
Sirva de
ejemplo
la
exclusión
del
cómputo
por
parte
del
Ministerio
de la
Comunidad
de
Madrid
debido
que
contabiliza
el
tiempo
de
espera
en el
momento
que el
paciente
cuenta
con las
pruebas
del
anestesista,
por
cierto,
una
tomadura
de pelo.
Ante
esta
situación
insostenible,
en la
Asociación
El
Defensor
del
Paciente
nos
vimos
obligados
a
interponer
una
denuncia
contra
el
Ministerio
de
Sanidad
y
Consumo,
en la
Audiencia
Nacional,
Sección
4 de
Madrid
de lo
Contencioso-Administrativo,
por
incumplimiento
de la
obligación
legal
que
adquirió
el
Ministerio,
en la
Ley de
Cohesión
y
Calidad
del
Sistema
Nacional
de
Salud,
de
establecer,
por real
decreto,
los
tiempos
máximos
en las
listas
de
espera,
con el
objetivo
de
salvaguardar
el
derecho
fundamental
de la
salud y
la vida
de los
españoles,
sobre
todo por
la falta
de
inversión
en
materia
sanitaria.
La
demanda
fue
admitida
a
trámite
el
pasado
23-7-2007.
En este
sentido,
es
grotesco
como los
mandatarios
sanitarios
de las
diferentes
comunidades
autónomas
se
llenan
la boca
autoproclamando
a su
respectiva
comunidad
como la
que
ostenta
la mejor
sanidad
de
España,
como
sucede
en
Madrid y
en
Castilla-La
Mancha,
gobernadas
por
partidos
políticos
diferentes.
Por otro
lado hay
Comunidades
que
disponen
de una
Ley de
Garantías
que
aseguran,
por
poner un
ejemplo,
que el
tiempo
máximo
para
prueba
diagnóstica
es de 7
días y
para
intervención
no
urgente
90 días.
Esto
rotundamente
NO es
veraz.
El
sistema
tiene
sus
trampas
como
podemos
comprobar
diariamente
con los
pacientes
que
están en
espera
de una
prueba o
intervención
y nos
llaman
desesperados.
Lo
lamentable
del
asunto
es la
falta de
transparencia
de la
que
hacen
gala las
Consejerías
de
Salud,
que
justifican
con un
lioso
baile de
fechas
lo
injustificable,
que es
el
agravamiento
de las
pacientes.
¿Qué
trampas
utilizan?
En
ocasiones
no
incluyen
al
paciente
en la
lista de
espera
hasta
que no
pueden
garantizar
la
operación,
otras
veces el
médico
da
largas
en
sucesivas
visitas
hasta
fijar el
día de
la
intervención,
a partir
de aquí,
enmascarando
fechas,
es
cuando
el
paciente
entra en
una
lista de
espera
“sumergida”,
el
tiempo
pasado
no
cuenta.
Más bien
es una
Ley de
“Ingarantías”
que
desafortunadamente
avoca a
que el
ciudadano
recurra
cada vez
más a
una
sociedad
privada
para
evitar
esperas.
Ramón
Prieto
G.-
Cervigón
(Secretario,
Defensor
del
Paciente)
