Reglas para no ser denunciado:
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1ª.-Acudir siempre a la visita médica ¡siempre! provisto de una Biblia 

 

2ª.-Mantener una distancia, respecto del médico, de no menos de 10 metros como mínimo con las manos  atrás (ver dibujo ) o Mantener ¡siempre! las manos en los bolsillos.

 

3º.-Si es posible, acudir con mordaza y exponer las dolencias que padezca previamente escritas.

4º.-No darle nunca la espalda al Señor Doctor, esto se consideraría desacato ya que, según ellos, son una autoridad.

5º.-Durante la disertación médica mantener la vista hacia el suelo,

Puede sentirse agredido si se le mira fijamente.
6º.-No hacer preguntas ¡jamás! Esto se consideraría desconfianza y, por tanto, agravio. Mantenerse siempre en silencio cuando esté hablando el Señor Doctor aunque  se tengan muchas ideas en la cabeza.

7º.-Si pide la baja, hágalo por escrito y con humildad. Si a pesar de encontrarse muy mal no se la da, dele las gracias con humildad y

Respeto.

8º.-En el caso insólito de sentirse maltratado, esto es casi

Imposible. ¡No se le ocurra! Comentárselo, cuénteselo a los vecinos

De su confianza teniendo la seguridad de que no van a repetirlo.

9º-¡Por Dios! sea un buen paciente, no mire, no hable, tómese todo lo que le digan, espere su hora, no sea impaciente, ya le informarán cuando puedan y, sobre todo, recuerde siempre, estar delante de un médico es estar delante de Dios, y a Dios no se le replica, si lo hace:

Pena de cárcel por delito de atentado.

10º- al terminar la consulta  dar las gracias por la  atención recibida  y si ¡Dios¡ se lo permite estréchele la mano.

Siguiendo estas reglas, ¡jamás! tendrá problema, y no figurará en su

Expediente la cruz de “paciente conflictivo”. 

 

Murcia, 11 may (EFE).- El Juzgado de lo Penal número Uno de Murcia ha condenado a dieciocho meses de prisión a un letrado por dar un empujón y arrebatar la carpeta a un médico que se negó a ordenar el traslado de un paciente a una clínica privada, como pretendía la familia, por no tener el seguro que le habría permitido recibir asistencia en la misma.

La sentencia del magistrado Julio Guerrero, a la que ha tenido acceso Efe, condena a este letrado, A.M.-V., a la citada pena de cárcel por un delito de atentado y a treinta días de multa, con una cuota diaria de doce euros, por una falta de lesiones, mientras que al hijo del paciente, que también intervino en el altercado, le impone diez días de multa, con una cuota de seis euros, por una falta de coacciones.

La sentencia declara como hechos probados que sobre las nueve de la noche del 21 de octubre de 2006 fueron requeridos los servicios médicos de urgencia del centro de salud de Molina de Segura para atender a un paciente que residía en la urbanización "Altorreal".

Al presentarse un facultativo en el domicilio que le habían indicado, consideró necesario el traslado del enfermo a un hospital público de Murcia, encontrándose con la oposición de su hijo, J.J.P., quien le dijo que debía ordenar su traslado a una clínica privada.

Cuando el médico realizó las oportunas consultas y la propia familia le indicó que carecían de un seguro privado para recibir asistencia en la clínica que imponían, el facultativo les reiteró que debía ser trasladado a un hospital público.

Fue entonces, añade el juez, cuando el hijo le dijo que "tienes 30 segundos para decirle a la ambulancia que lleve a mi padre donde te hemos dicho o se te va a caer el pelo y te voy a empapelar de arriba abajo".

A continuación, tomó parte en los mismos incidentes, el letrado A.M.-V., quien, dice la sentencia, "propinó al médico un fuerte empujón y un golpe en el brazo izquierdo, arrebatándole la tablilla en la que constaba el informe sobre el paciente y causándole unas mínimas lesiones".

La sentencia indica también que los acusados indemnizaron a la víctima con tres mil euros antes de la celebración de la vista oral, por lo que el facultativo nada reclamó.

"Ninguna duda hay --dice el magistrado-- del carácter de función pública que cabe reconocer desde el punto de vista penal a la prestación de los servicios sanitarios públicos, y los juristas saber perfectamente, y uno de los acusados es abogado en ejercicio, que esta protección penal del médico funcionario frente a una agresión ya se contemplaba en el Código Penal de 1973".

Esta resolución judicial no es firme, porque, como se indica en la misma, uno de los acusados ya adelantó al finalizar la vista oral y adelantarse el fallo de la misma su intención de recurrirla ante la Audiencia Provincial de Murcia. EFE 1010611

 

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de lo Penal numero 5 de Santander, dicta sentencia en la que condena al acompañante de un paciente por tomar represalias contra el médico que le había denunciado, haciendo gestos "ostensibles" de cortarle el cuello.

   Según la sentencia se condena al ciudadano a dos años y medio de cárcel por tomar represalias contra el medico que le denunció por atentado y lesiones.

   La Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos asumió la acusación en nombre de la victima en el marco de su Protocolo de Agresiones, para evitar las agresiones a médicos en el ejercicio de sus funciones.

   El acusado, que había sido condenado previamente a un año y tres meses de prisión por atentado y lesiones contra el citado médico, al poco tiempo de salir la primera sentencia condenatoria se encontró con el facultativo y le amenazó haciendo gestos ostensibles de cortarle el cuello, y tomando nota de la matricula del coche del médico.

   El juzgado acoge la tesis del ministerio fiscal y la acusación particular ejercida por la abogada del Colegio de Médicos, María Alvarez, y considera que los hechos constituyen un delito de obstrucción a la justicia al haberse producido las amenazas como represalia a quien fuera victima y denunciante en el anterior proceso.

   La sentencia, que impone por ello una pena de dos años y seis meses de prisión, no es firme, dado que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

   Según la letrada del Colegio de Médicos de Cantabria, si se confirmase la misma supondría que el condenado no sólo tendría que cumplir esta pena de dos años y medio de prisión, sino también la que le fue impuesta por los delitos de atentado y lesiones en el anterior procedimiento y que tenia suspendida condicionada dicha suspensión a no delinquir el un plazo de tiempo determinado, por lo que la pena total sería de tres años y nueve meses de prisión.

11/05/2010

EFE.
El Juzgado de lo Penal número Uno de Murcia ha condenado a dieciocho meses de prisión a un hombre, A.M.V, por dar un empujón y arrebatar la carpeta a un médico que se negó a ordenar el traslado de un paciente a una clínica privada, como pretendía la familia, por no tener el seguro que le habría permitido recibir asistencia en la misma.
 

La sentencia del magistrado Julio Guerrero, a la que ha tenido acceso Efe, condena a A.M.V., abogado de profesión, a la citada pena de cárcel por un delito de atentado y a 30 días de multa, con una cuota diaria de 12 euros, por una falta de lesiones, mientras que al hijo del paciente, que también intervino en el altercado, le impone 10 días de multa, con una cuota de seis euros, por una falta de coacciones.

La sentencia declara como hechos probados que sobre las nueve de la noche del 21 de octubre de 2006 fueron requeridos los servicios médicos de urgencia del centro de salud de Molina de Segura para atender a un paciente que residía en la urbanización "Altorreal".

Al presentarse un facultativo en el domicilio que le habían indicado, consideró necesario el traslado del enfermo a un hospital público de Murcia, encontrándose con la oposición de su hijo, J.J.P., quien le dijo que debía ordenar su traslado a una clínica privada.

Cuando el médico realizó las oportunas consultas y la propia familia le indicó que carecían de un seguro privado para recibir asistencia en la clínica que imponían, el facultativo les reiteró que debía ser trasladado a un hospital público.

Fue entonces, añade el juez, cuando el hijo le dijo que "tienes 30 segundos para decirle a la ambulancia que lleve a mi padre donde te hemos dicho o se te va a caer el pelo y te voy a empapelar de arriba abajo".

A continuación, tomó parte en los mismos incidentes, el letrado A.M.V., quien, según indica la sentencia, "propinó al médico un fuerte empujón y un golpe en el brazo izquierdo, arrebatándole la tablilla en la que constaba el informe sobre el paciente y causándole unas mínimas lesiones".

La sentencia indica también que los acusados indemnizaron a la víctima con 3.000 euros antes de la celebración de la vista oral, por lo que el facultativo no reclamó nada.

El magistrado afirma que no hay "ninguna duda del carácter de función pública que cabe reconocer desde el punto de vista penal a la prestación de los servicios sanitarios públicos, y los juristas saben perfectamente, y uno de los acusados es abogado en ejercicio, que esta protección penal del médico funcionario frente a una agresión ya se contemplaba en el Código Penal de 1973".

Esta resolución judicial no es firme y uno de los acusados ya adelantó al finalizar la vista oral y adelantarse el fallo de la misma su intención de recurrirla ante la Audiencia Provincial de Murcia

  1. • El caso, por el que se solicitaba un año y 10 meses de cárcel, se ha resuelto con una multa de 600 euros y una indemnización de 3.500
     

  2. • "Oye, guarra, por qué le has dado el alta", le espetó la imputada a la médica en el 2008
     

RAMON TOMÀS
BARCELONA

El fiscal, que en un inicio y de forma ejemplarizante solicitaba varios años de prisión para Silvia B.M., ha aceptado esta mañana el acuerdo alcanzado por ella y la doctora agredida momentos antes del juicio en los pasillos de la Ciutat de la Justícia.

La agresión que sufrió Margarita A.R., doctora del Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), se ha resuelto con una falta de respeto (multa de 40 días, a razón de 6 euros diarios) y una falta de lesiones (multa de dos meses, a razón también de seis euros al día).

Además, el fiscal ha condenado a Silvia, en concepto de responsabilidad civil, al pago de 3.500 euros a la doctora por las lesiones producidas y las secuelas derivadas. El marido de la agresora también ha sido condenado con una falta de respeto.

Calificación inicial

En el escrito de calificación inicial, el fiscal y la Generalitat pedían para Silvia una pena de prisión de un año y seis meses por un delito de atentado y otros cuatro meses por un delito de lesiones. Silvia y su marido son vigilantes del centro médico donde visita la doctora, y de haber tenido que entrar en prisión habrían perdido el empleo.

El exfiscal jefe de Catalunya, José María Mena, había ordenado en el 2006 a los fiscales que persiguiesen las agresiones a la autoridad como delito y no como falta.

Crisis nerviosa

Los hechos se produjeron el 21 de mayo del 2008, cuando Silvia se encaró con la doctora que acababa de visitar a su marido. "Oye, guarra, por qué le has dado el alta", le espetó Silvia a la doctora, antes de lanzarle varios archivadores de plástico y decirle: "Pues denúnciame, puta".

La doctora, al intentar sortear los archivadores, sufrió una capsulitis en un dedo de la mano derecha y una crisis nerviosa. Entre el 2008 y el 2009, en la provincia de Barcelona se tramitaron 12 casos por agresiones verbales o físicas a personal sanitario adscrito al ICAM.
 

El acusado zarandeó y arrojó al suelo a una doctora del ambulatorio. Con peticiones de condena de esta índole, los profesionales de la sanidad pública ven cumplida una reivindicación
 

13.05.10 - 01:58 -

Dos años de prisión es la pena que que la Fiscalía de Gipuzkoa solicita para el autor de la agresión de la médica del ambulatorio de Eibar. Asimismo, pide que el acusado indemnice a la doctora con 900 euros por las lesiones que le causó y con otros 610 por las secuelas que le han quedado, en concrero una lumbalgia.

La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa solicita dos años de prisión para un vecino de Eibar que agredió a una médica del ambulatorio de la localidad. El ministerio público imputa al presunto agresor un delito de atentado. De esta manera, la acusación pone en práctica una circular de la Fiscalía General del Estado para que todos sus letrados consideren las agresiones contra trabajadores de la sanidad pública como un ilícito de atentado.

Los hechos, que serán juzgados próximamente en un juzgado de lo Penal de la capital guipuzcoana, ocurrieron sobre las once de la noche del día 3 mayo de hace cuatro años, cuando el acusado, Rafael V.G, acudió al ambulatorio de Eibar en compañía de otros familiares.

Todos ellos protestaban de «manera airada» -afirma el fiscal-, por entender que no se le había prestado la atención debida a uno de los componentes de la familia que esa misma noche había acudido al citado centro de atención primaria.

Según el ministerio fiscal, en los minutos posteriores a la llegada la protesta fue subiendo de tono con reproches hacia la médica, el enfermero así como al celador que se hallaban en el ambulatorio. El escrito de acusación fiscal precisa que en un momento determinado, el acusado saltó el mostrador existente en la zona de atención al público y se dirigió hacia la médica de guardia, a la que «agarró, zarandeó, sacudió y acabó por tirarla al suelo».

A por un bastón

Seguidamente, el inculpado salió del centro, se dirigió a la furgoneta en la que todos los familiares se habían desplazado hasta el ambulatorio y cogió un bastón.

La médica, que se había percatado de la conducta del inculpado, puso los hechos en conocimiento del centro de coordinación de emergencias. Al ver que solicitaba ayuda, otro de los familiares que había intervenido en el altercado recriminó su proceder a la doctora y le propinó un golpe en la zona costal derecha, a consecuencia de la cual la médica se golpeó contra la pared con la cabeza y con el hombro izquierdo.

Al lugar acudieron agentes de la Ertzaintza que finalmente lograron restablecer la calma.

A consecuencia de la agresión, la facultativa sufrió lesiones y hematomas en diversas partes del cuerpo que tardaron treinta días en curar, durante los cuales, sin embargo, no estuvo incapacitada para sus ocupaciones habituales.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de atentado y solicita para el acusado dos años de prisión así como una multa de 360 euros por una falta de lesiones. El ministerio público pide también que el acusado indemnice a la médica con 900 euros por las lesiones que le causó y con otros 610 por las secuelas que le han quedado, en concreto una lumbalgia.

Con calificaciones fiscales como ésta, los médicos de Gipuzkoa ven cumplida una de sus reivindicaciones: que toda agresión contra los profesionales de la sanidad pública sea considerada un delito de atentado.