Carmen Flores, la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, ha enviado una carta a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, solicitando la reanudación de la investigación de los casos de fallecidos en residencias durante el pico de la pandemia de Covid-19. Según la carta, la asociación afirma que el hecho de que muchos ancianos murieran en geriátricos durante esos meses "sin atención y con la orden explícita de no trasladarlos a hospitales" constituye "un delito de denegación del deber de asistencia y discriminación por edad y discapacidad".
Flores señala que a pesar de los años transcurridos, no se ha hecho justicia y destaca que la ley y la Constitución española son claras en que no se puede permitir que las personas mueran sin atención. La presidenta cita varias sentencias en este sentido que, según ella, no han recibido la atención adecuada.
En la carta, Flores recuerda una reunión anterior con Lastra, en la que esta última le dijo que se fuera tranquila. Sin embargo, Flores expresa su preocupación porque quienes posibilitaron este "genocidio" están seguros de que la justicia no tomará medidas, a diferencia de aquellos que, según ella, estarían en la cárcel si cometieran un acto similar.
Por lo tanto, Carmen Flores insta a la fiscal madrileña a considerar con urgencia lo que la asociación entiende como su deber en defensa del cumplimiento de la ley, sin importar quiénes sean los infractores. La solicitud se basa en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a quienes, por su cargo, profesión u oficio, tengan conocimiento de algún delito público a denunciarlo de inmediato ante el juez o el fiscal.