Date: 2025-03-06

Condena al SAS que deberá reintegrar los gastos a un paciente por la demora en operarle de desprendimiento de retina en un ojo.

El Juzgado de lo Social nº1 de Granada ha dictado una sentencia en defensa de los derechos de los pacientes, condenando al Servicio Andaluz de Salud (SAS) al reintegro de 9.500 € a un paciente granadino, de 65 años, que tuvo que recurrir a la sanidad privada debido a la falta de disponibilidad de quirófanos en el sistema público. La demanda fue presentada los servicios jurídicos de la Asociación ‘El DEFENSOR del PACIENTE’ y especialista en Derecho sanitario.
El paciente acudió inicialmente a urgencias del Hospital San Cecilio (Granada) el 04/02/2023 con síntomas de desprendimiento de retina. Aunque fue diagnosticado, como era fin de semana, se le citó de nuevo para el lunes. Posteriormente el día 06/02/2023 fue recibido en consulta de oftalmología de Hospital San Cecilio donde se le propuso cirugía preferente por desprendimiento de retina y se le incluyó en la lista de espera quirúrgica con esa misma fecha y se le incluyó en lista quirúrgica preferente. Pese a que podía perder la visión, o tener problemas añadidos a su ojo, la intervención fue programada con retraso para el 13 de febrero debido a la falta de quirófanos disponibles, extremo que según indica el abogado Damián Vázquez, fue incluso certificado por escrito por la doctora que lo atendió, además de que se lo reconoció verbalmente, recomendándole operarse cuanto antes para evitar más riesgos. Ante el riesgo inminente de pérdida irreversible de visión, el paciente se vio obligado a someterse a una cirugía urgente en un centro privado el 6 de febrero, abonando los gastos médicos correspondientes por importe de 9.500 €, que el Juzgado ha ordenado se le paguen.
La sentencia reconoce que la demora en la intervención por parte del SAS constituía un riesgo grave para la salud ocular del paciente, calificando la situación como una urgencia vital. Según el fallo judicial, las circunstancias justificaban plenamente la decisión del paciente de acudir al ámbito privado. El abogado argumentó que concurrían todos los requisitos establecidos por la jurisprudencia para el reintegro de gastos sanitarios: la asistencia sanitaria era urgente, inmediata y vital. No existía posibilidad real y oportuna de recibir el tratamiento inmediato necesario en el sistema público por las listas de espera y falta de quirófanos disponibles, es decir, por falta de previsión y medios del Servicio Andaluz de Salud. La actuación del paciente no fue abusiva ni desviada. El juzgado respaldó estos argumentos, señalando que la tardanza del SAS vulneró el derecho del paciente a una atención sanitaria adecuada y oportuna.
La presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, Carmen Flores, al respecto indica lo siguiente: “Desgraciadamente es un problema que sufren miles de pacientes en Andalucía, por lo que se debe reclamar para evitar estos problemas y abusos. En la última Memoria de esta asociación publicada, correspondiente al año 2024, en ANDALUCÍA se cifraban 203.979 pacientes pendientes en lista de espera quirúrgica, siendo la comunidad autónoma con más retraso en España. La asociación ‘El Defensor del Paciente’ ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos sanitarios y ha instado al SAS a implementar medidas efectivas para garantizar una atención sanitaria adecuada y sin demoras injustificadas”.
El abogado que ha conseguido esta resolución favorable, declara que: “Esta sentencia representa un paso importante hacia la protección efectiva de los derechos sanitarios y pone en evidencia las graves consecuencias que generan las listas de espera y la falta de recursos en el sistema público. Los pacientes no deben cargar con los perjuicios derivados de estas deficiencias”.
Impacto y precedentes. Este fallo refuerza la doctrina jurídica que obliga a las administraciones sanitarias a asumir los costes derivados cuando los pacientes deben recurrir al ámbito privado por razones justificadas. Además, subraya la necesidad urgente de mejorar los recursos y reducir las listas de espera en el sistema público para evitar situaciones similares.