La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha dictado resolución reconociendo el derecho de una mujer de 39 años a ser indemnizada con 99.798,38 euros por los graves daños ocasionados.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha dictado resolución reconociendo el derecho de una mujer de 39 años a ser indemnizada con   99.798,38 euros por los graves daños ocasionados.

 

 Los hechos  acaecieron   en  Valladolid, el 5 de diciembre de 2021, a causa de una atención sanitaria negligente.Lo que debía ser un nacimiento seguro terminó en una cadena de errores médicos que dejaron a la paciente sin útero, con lesiones en la vejiga y el uréter, infecciones recurrentes, dolor crónico y una vida irremisiblemente marcada por el sufrimiento  físico y emocional.

Daño de extraordinaria gravedad, muy poco común en un parto, que evidencia la falta de garantías mínimas en la asistencia obstétrica prestada.

La paciente acudió en la semana 37 de gestación para una inducción al parto con Propess, pese a tener antecedente de cesárea previa. La administración de esta prostaglandina, contraindicada o de uso extremadamente controlado en estos casos, incrementa de forma muy significativa el riesgo de rotura uterina, por lo que exige monitorización continua, que en este caso fue suspendida durante casi tres horas. Ese tiempo fue clave: El útero comenzó a desgarrarse progresivamente sin que nadie lo detectara, hasta que la rotura fue total, generando una hemorragia masiva y obligando a una histerectomía de urgencia, con la consiguiente esterilidad irreversible.

 Durante la cirugía, se produjo además una rotura de vejiga, y al no comprobarse la indemnidad de los uréteres, se causó una lesión en el uréter izquierdo, que obligó a una nueva operación, meses de sonda y nefrostomía, y un cuadro de dolor pélvico crónico que persiste a día de hoy.

El expediente reconoce que la actuación sanitaria incumplió de forma flagrante los protocolos clínicos y la lexartis, calificando de determinante la ausencia de vigilancia.A ello se añade que la paciente nunca fue informada de los riesgos reales de inducir el parto en su caso, vulnerando su derecho a decidir de forma libre e informada, lo que se ha reconocido como un daño moral  por separado, valorado en 5.000 euros.

Para la familia el suceso resultó traumático, especialmente cuando recuerdan que la madre manifestó dolores intensos y claramente anormales, ante los cuales no solo no se actuó con la diligencia médica que requería la situación, sino que además fue objeto de comentarios insensibles y humillantes por parte del personal sanitario. Expresiones como “Las mujeres aguantan el dolor más que los hombres, ... bueno, algunas” o “No sabes lo que son las contracciones porque eres primeriza” —cuando en realidad ya había tenido un hijo por cesárea— reflejan una grave falta de empatía y de atención clínica. 

Estos comentarios no solo no minimizaron su sufrimiento, sino que contribuyeron a ignorar los signos evidentes de una complicación que resultó devastadora.

Declaración de Carmen Flores, Presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente: “Este caso muestra con toda su crudeza que un parto, que debería ser un momento de vida y esperanza, puede convertirse en una auténtica tragedia física, psicológica y vital cuando no se actúa con la diligencia debida. Es inaceptable que se siga poniendo en riesgo la vida y el proyecto vital de las mujeres por falta de vigilancia y por decisiones médicas precipitadas. Que una mujer salga de un parto sin útero, con lesiones internas, dolor crónico y sin haber sido informada es algo que una sociedad no puede tolerar.”

Este caso vuelve a poner de relieve la necesidad de que se extremen las precauciones en la inducción al parto en mujeres con cesárea anterior y que se informe adecuadamente de los riesgos, respetando el derecho de las mujeres a decidir con información veraz y completa.

La defensa del caso ha sido ejercida por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El DEFENSOR del PACIENTE’.