Date:
2024-09-24
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Los mayores, y mas aun los mayores que viven en residencias, son población excedente para este sistema. No producen y apenas consumen, además son una carga para las arcas del Estado, que debe de mantener sus pensiones.
Solo así se puede entender que, durante la pandemia, se les cerraran las puertas de los hospitales cuando más lo necesitaban, a ellos que sobre cuyas espaldas se construyeron los servicios públicos de este país. Hoy, cuatro años después, tras los 35.000 muertos en las residencias, se produce un nuevo agravio. Las diferentes Comunidades Autónomas, con la disculpa de “no encontrar” profesionales, están incumpliendo sus propias normas, que establecían que las residencias de mayores dispusieran de personal médico y sanitario (independientemente del sector público), sin que los diferentes Servicios de Inspección tomen medidas para solucionar la falta de asistencia real. Incluso hay Comunidades Autónomas que, ante el flagrante incumplimiento, piden que no se sancione a las residencias que incumplen la ley, o incluso han llegado a derogar dicha legislación, eximiendo a las residencias de la obligación de disponer de personal médico y de enfermería propio. Una nueva masacre, esta vez diferida.
