Date:
2024-02-16
A raíz de que han salido a la luz las 1.700 personas que han fallecido en Cantabria mientras se encontraban en lista de espera sanitaria, el Defensor del Paciente, asociación que lleva casi tres décadas asesorando sobre esta materia en toda España, pidió a la Fiscalía una investigación “exhaustiva” al respecto de lo ocurrido.
Su presidenta, Carmen Flores, se muestra “horrorizada” con esta cifras y con la falta de transparencia por parte de las administraciones sobre el total de personas que fallecen en estas circunstancias. “Tenemos derecho a saberlo”, sostiene. “Lo ocurrido en Cantabria es gravísimo y, además, es un insulto a todos los que utilizamos la sanidad pública”, lamenta, llegando a afirmar que “morir en una lista de espera es casi un delito de homicidio”.
Entrevista.
¿Cuáles son los principales desafíos que, a su juicio, enfrenta el Sistema Sanitario Nacional en la actualidad desde la perspectiva de los derechos de los pacientes? Pues ahora mismo, según está la sanidad pública en todas las comunidades sin excepción, creo que hay desafíos muy grandes, muy importantes y, desde luego, urgentes de realizar, empezando por las listas de espera. No se puede consentir que haya ni una sola persona que muera en lista de espera, menos aún 1.700 como acabamos de conocer en Cantabria. ¿Cuántos serán en España? Pues un horror, seguramente. Y así se lo hemos pedido al Gobierno, que nos den explicaciones y que nos digan qué saben de la cantidad de gente que se muere en una lista de espera antes de ser atendido. La atención primaria es fundamental, es la puerta de todo, y si su situación fuera mejor eliminaría en una medida importantísima los colapsos que hay en las urgencias de los hospitales, que es otro reto, porque en urgencias hace falta personal, hacen falta medios y, desde luego, de una forma casi inmediata. Reivindicamos que no salga nadie afectado como víctima de unas urgencias en las que se le da un alta precipitada, o se va deprisa, o el médico que atiende no es el adecuado. Y no me quiero olvidar de la dependencia y las residencias de ancianos, que también entran dentro de la sanidad.
Describe un panorama caótico...
Sí, la situación es bastante caótica y grave en lo que se refiere a nuestro sistema sanitario, y debemos recuperarlo porque es maravilloso, por lo menos bajo mi punto de vista. Lo que no se puede hacer es matarlo poco a poco con la prioridad que tienen las comunidades autónomas de derivar a los pacientes a la privada. Si siguen por este camino morirá la pública. Y ahí el Gobierno tiene que entrar de verdad y de forma contundente. Lo ocurrido en Cantabria es gravísimo y, además, es un insulto a todos los que utilizamos la sanidad pública. No podemos estar pagando para morirnos, estamos pagando para que nos atiendan y recibamos un trato y una asistencia digna.
Precisamente sobre estos 1.700 fallecidos que estaban en lista de espera y esa petición de investigación dirigida a la Fiscalía desde el Defensor del Paciente, ¿cuáles son los principales resultados o descubrimientos que esperan obtener?
Tenemos derecho a conocer de verdad cuántos pacientes han podido morir y cuántos están en una lista de espera prioritaria y que, sin embargo, siguen esperando, no se les atiende, y, por tanto, se les pone en riesgo. El 100% de los pacientes que están en lista de espera llegan con agravamiento, y algunos con un agravamiento importantísimo. En Galicia, por ejemplo, tenemos 400 días para revisar un cáncer. Esto ya es poner en riesgo de muerte al paciente. ¿Qué es lo que le pedimos a la Fiscalía? Una investigación para que se sepa qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Entendemos que es por falta de medios, por dejación de funciones, por falta de profesionales, etcétera. Creo que es importante que las fiscalías actúen, porque sí es un delito que alguien se muera en lista de espera y sí es un delito que una persona se agrave y en muchas ocasiones quede con una incapacidad permanente porque está en lista de espera, aunque intenten decirnos que esto no es una causa penal. Sí lo es, porque se está poniendo en riesgo nada menos que la salud y la vida de las personas. La realidad es que todas las comunidades actúan igual o similar, tengan el color político que tengan.
¿Conoce algún otro caso similar en el que también hayan reclamado a la Fiscalía que investigue?
Lo llevamos haciendo muchísimos años, pero no hemos conocido hasta ahora esa cantidad de muertes porque obviamente no lo quieren decir. Hablamos de un delito casi de homicidio, a sabiendas de que ese paciente que está en lista de espera puede morir. Las administraciones están para proteger la vida y la salud de las personas, y no para ponerles piedras que les empujen a la muerte.
¿Cuál cree que es la estrategia más efectiva para tratar de reducir esas listas de espera?
Es la inversión. Dedicar el dinero público donde se debe dedicar. Yo pago la sanidad pública, es un contrato que tengo con la Administración y lo cumplo con la conformidad de que voy a tener un resultado, es decir, una asistencia rápida y digna. Si no es así, tendremos que denunciar que están incumpliendo ese deber por el que se paga. Los ciudadanos mantenemos todos los servicios públicos y tenemos que recibir a cambio por lo que pagamos, y no lo estamos recibiendo porque el dinero se va por otro sitio. Pedimos que el dinero que pagan los ciudadanos revierta en los servicios públicos y no en empresas privadas que deben buscarse los clientes.
Mencionaba antes la situación en la atención primaria. ¿Qué medidas considera urgentes, sobre todo para mejorarla en áreas rurales o en zonas menos pobladas, que es donde es más deficiente?
Sí, efectivamente. Ahí tienes toda la razón. No hay derecho a que un paciente porque viva en un pueblecito o porque sea una persona mayor no tenga médico o le tengan que atender por teléfono, como está pasando en algunas comunidades. Los que viven en zonas rurales tienen los mismos derechos porque también pagan. Por tanto, volvemos a la inversión, a la necesidad de invertir en salud y en vida. Esto es lo más importante, y se puede hacer si se quiere, si se tiene voluntad, y desde luego, si no se regala el dinero donde no debe regalarse.
¿Cómo valora la transparencia y la comunicación entre las instituciones sanitarias y los pacientes?
Cero. Nosotros hemos mandado una carta al presidente del Gobierno de España y a la ministra de Sanidad pidiendo que haya transparencia en cuántas personas pueden haber muerto en España, porque no nos enteramos absolutamente de nada. Y gracias a vosotros, a los medios de comunicación, podemos hacer y reivindicar algunas cosas, pero la transparencia es cero. En un país que se presume que es democrático tiene que haber transparencia y los ciudadanos tienen que conocer qué es lo que pasa. En la carta señalamos que el propio Gobierno dice cuántos se mueren en accidentes de tráfico, cuántas mujeres mueren por violencia machista, cuántos han fallecido, desgraciadamente, suicidándose por problemas de salud mental... pero, ¿qué pasa con las personas de las negligencias médicas, de los que mueren por una falta de asistencia, por una lista de espera? Tenemos el mismo derecho a tener conocimiento de ello, porque esconder el sol con un dedo no sirve de nada.
¿Qué estrategias propondría para abordar la escasez de profesionales sanitarios?
Hace poco leí un artículo donde una MIR contaba lo que les pagan, la cantidad de trabajo que tienen, las horas de trabajo... Algunos cobran 1.200 euros. Esto es vergonzoso. Un médico tiene que estar bien pagado y, desde luego, descansado. Yo no quiero un médico que gane poco, que esté disconforme, que esté trabajando también en la privada porque no gana lo suficiente y, además, que esté cansado... Está mi salud en sus manos. Por tanto, la reivindicación es que vengan los médicos que se han ido porque no se les paga en condiciones, porque estamos muy por debajo de lo que cobran de media los médicos en Europa. Y no es posible que un médico esté 24 horas de guardia. Ese médico, cuando pasan 12 o 14 horas, no ve, ya no atiende al paciente en condiciones porque está cansado y, lógicamente, tiene un trabajo de riesgo. Y el riesgo es mi vida, mi salud y una denuncia para ellos. Yo creo que el objetivo es recuperar a los médicos y tomar en cuenta que en un trabajo bien pagado el trabajador va a estar contento y, desde luego, va a hacer su trabajo mejor.
Más allá de estas problemáticas que hemos abordado, ¿qué otras quejas son las más frecuentes que recibe el Defensor del Paciente por parte de la ciudadanía?
Lo que más recibimos son, desgraciadamente, negligencias médico-sanitarias, o sea, negligencias que han pasado por acción u omisión de la Administración o de un médico. Volvemos a la disconformidad y al enfado de los médicos. No tienen tiempo para atender a los pacientes, se tienen que dar mucha prisa, los pacientes exigen porque creen que no les mandan a un especialista y les tienen que mandar, etcétera. Y se produce un enconamiento entre pacientes y médicos que termina con una situación que no se debiera producir. El tema de las listas de espera es una alusión constante y el de las residencias de ancianos también. Hay que mencionar también a los pacientes de salud mental, que están muy maltratados. Su lista de espera deriva en muchísimos más suicidios por falta de psicólogos y de psiquiatras. Son muchísimos asuntos los que recibimos y los atendemos con todo el cariño del mundo, lo mejor que podemos, hasta donde alcanzamos. Aquí estamos y en lo que podamos ayudar, obviamente, lo vamos a hacer.
