Se revela una situación de mala praxis en el Hospital Juan Ramón Jiménez que resultó en la muerte del policía Juan F. López, de 40 años. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido indemnizar a la familia de Juan Francisco López López, un respetado oficial de policía en Huelva. López falleció debido a errores médicos durante una intervención en el mencionado hospital.
La aseguradora SHAM, representando al SAS, acordó la compensación a la familia de D. Juan Francisco López López, destacando su aprecio en la comunidad por su labor como policía local y su pasión por la natación, donde logró varios éxitos. La abogada María Jesús Villalpando, de los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente' en Andalucía, manejó la defensa del caso.
La familia, por deseo expreso, ha revelado la identidad del fallecido para informar a la comunidad de las circunstancias de su muerte. Prefieren no divulgar la cantidad de la indemnización, considerando que no puede equipararse la vida de una persona con una suma de dinero, sino que es un reconocimiento de la mala praxis.
Según un comunicado de 'El Defensor del Paciente', en marzo de 2021 se le diagnosticó un tumor ureteral izquierdo papilar a Juan Francisco. Durante la intervención en el Hospital Juan Ramón Jiménez, se cometieron errores graves, como la perforación del uréter y la pinza errónea de la arteria mesentérica, lo que resultó en la pérdida de flujo sanguíneo y la extirpación de la arteria lumbar. A pesar de los esfuerzos en el quirófano, falleció por un fallo multiorgánico 72 horas después de la operación.
La causa de la catástrofe quirúrgica no se conoce, pero se ha denunciado ante el Juzgado de Primera Instancia nº11 de Madrid. El caso concluyó con un acuerdo que implícitamente reconoce el daño causado. La presidenta de 'El Defensor del Paciente', Dª. Carmen Flores, destaca la necesidad de instalar cámaras en quirófanos para esclarecer eventos como este. La familia, devastada, solicita que no vuelva a ocurrir y pide garantías y supervisión adecuadas en futuras intervenciones. La abogada María Jesús Villalpando, especialista en Derecho sanitario, lideró la defensa del caso.